Washington, 2 nov (EFE).- El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) denunció hoy ante la CIDH que en Nicaragua existen "fuerzas paraestatales" cuya función es reprimir las libertades de expresión y manifestación en virtud de los intereses del Gobierno.

En una de las audiencias del 137 periodo de sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Washington hasta el 6 de noviembre, el CENIDH aseguró que en el país se ha generalizado la práctica de "tomar las calles para impedir que la gente proteste, se manifieste y reclame".

Según Vilma Núñez, presidenta del organismo, esa actividad se lleva a cabo a través de "fuerzas de choque" que, con el consentimiento del Gobierno de Daniel Ortega, "corrompen" a la Policía Nacional para "eliminar todo rastro de disidencia en las calles".

"A los órganos oficiales de justicia y orden se han incorporado miembros de patrullas juveniles, que tienen la bendición del Gobierno, del presidente y de su agitador principal, el diputado Gustavo Porras", dijo Núñez en la audiencia.

La activista aseguró que su organización ha observado decenas de casos de ataques físicos a civiles, periodistas y defensores de los derechos humanos que "quedan impunes".

Núñez denunció además que el Estado "utiliza la publicidad para condenar a los medios críticos", que interviene radios de forma habitual y que hace uso de los procesos de injurias y calumnias para perseguir a quienes difundan opiniones distintas a las oficiales.

El portavoz de la respuesta del Estado ante estas acusaciones fue el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Denis Moncada, quien aseguró que "la violación a los derechos humanos y la impunidad no son políticas de Estado del presidente Ortega".

"Nicaragua no es una dictadura, y ni la policía ni el Ejército reprimen a los ciudadanos", dijo Moncada.

"Lo que hay en el país es un incremento de la lucha política de la derecha, que procura desestabilizar al Gobierno. Dentro de esa lucha se producen confrontaciones, que no tienen que ver con la política del Estado", añadió.

Moncada aseguró que las lesiones durante las manifestaciones provienen de enfrentamientos exclusivamente civiles y reiteró que la policía actúa "dentro del marco cívico establecido".

En cuanto a las denuncias sobre la intervención del Estado en los medios de comunicación, el embajador ante la OEA las atribuyó a la existencia de una "oposición mediática que ejerce el poder para sus propios intereses".

Según Moncada, estos medios "aplican la censura informativa a todos los avances que realiza el Gobierno, dicen verdades a medias, y utilizan calificativos peyorativos como 'turbas' para calificar a la población que apoya al Gobierno".

"Decir que no hay libertad de expresión es una afirmación desacertada que se hace con fines de propaganda política antigubernamental", sentenció el funcionario, que aseguró que en el país persisten garantías para la diversidad de opiniones.

Los peticionarios de la audiencia insistieron también en la "urgencia" de que el Estado permita la visita de seguimiento que el relator encargado de Nicaragua en la CIDH, Felipe González, pretende hacer al país desde hace un año y que ha "quedado en el aire" ante la "indiferencia" del Gobierno. EFE