Washington, 3 nov (EFE).- La CIDH estudió hoy las garantías judiciales para las minorías juzgadas en Estados Unidos a través del caso del argentino Víctor Saldaño, condenado a muerte en Texas en un proceso que sus abogados consideran teñido de discriminación racial.

En una de las audiencias del 137 periodo de sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Washington hasta el 6 de noviembre, los defensores de Saldaño pidieron al organismo que interceda ante Estados Unidos para lograr una solución amistosa a un caso que se ha alargado 13 años.

Saldaño fue declarado culpable en 1996 del asesinato de Paul Ray King, de raza blanca, y condenado a muerte en un juicio en el condado de Collin (Texas).

Según declaró en la audiencia el apoderado de Saldaño, Juan Carlos Vega, la "peligrosidad futura" del acusado, un factor clave para dictar una sentencia de pena capital en Texas, estuvo basada en gran medida "en la raza", con base en la declaración de un psicólogo que argumentó que los latinos son más propensos a reincidir en el crimen.

El proceso de apelación de esa sentencia llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que reconoció la discriminación, anuló la condena y devolvió el caso a la instancia inicial.

Sin embargo, aseguró Vega, el segundo juicio de Saldaño, que tuvo lugar en 2004, estuvo marcado por "las secuelas de la discriminación inicial".

De acuerdo con Vega, Saldaño compareció ante el jurado "en un estado de degradación mental absoluto" tras ocho años de "permanencia ilegal" en el corredor de la muerte en Texas, y el tribunal "no tuvo en cuenta en ningún punto que juzgaba a un demente".

"No estamos aquí para cuestionar la inocencia de Saldaño ni la pena de muerte en el Estado de Texas", aclaró Vega.

"Pero la Comisión Interamericana no puede seguir permitiendo que se nieguen las garantías procesales a las minorías en el sistema judicial más garantista del mundo, que es el estadounidense".

Uno de los abogados de Saldaño, Johnathan Miller, pidió al Departamento de Estado de Estados Unidos que conceda una nueva audiencia a Saldaño para que se revise su situación con el objetivo de optar a la petición de 'habeas corpus' o a la conmutación de su pena por la de cadena perpetua.

"Ningún juzgado federal ha examinado la condición mental de Víctor. Un factor tan grave no puede obviarse", dijo Miller en la audiencia.

Miller subrayó la importancia de la acción del Gobierno argentino, que una vez anulada la sentencia de Saldaño intercedió para que se reabrieran otros 8 casos similares, pero señaló que esos esfuerzos son "futiles" si el sistema estadounidense no acaba con todo rastro de discriminación.

La asesora jurídica de derechos humanos del Departamento de Estado, Gilda Brancato, respondió en la audiencia que el gobierno federal "no suele intervenir en los casos de habeas corpus" y que la petición que se le formulaba es "extraordinaria", pero se comprometió a estudiarla a fondo.

Sin embargo, consideró que la violación inicial a las garantías procesales de Saldaño "fue remediada a través del Tribunal Supremo", y que la nueva sentencia emitida en 2004 "estaba exenta de todo viso discriminatorio".

Desde 1985 se han ejecutado 85 condenas de muerte a personas clasificadas como hispanos y 72 de ellas se dictaron en Texas, según los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.