Mariana Verón
LA NACION

El Gobierno negoció ayer por carriles separados con los líderes de la protesta que se extendió por más de 30 horas en la avenida 9 de Julio para que levantaran el corte y ratificó anoche que la Casa Rosada no había cedido al pedido de las organizaciones sociales de cambiar el esquema de instrumentación del plan de empleo que generó la polémica.

Fuentes cercanas al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, uno de los principales negociadores, confiaron anoche a LA NACION que la Policía Federal y la fiscal contravencional porteña que intervenía en el caso, Silvina Bruno, lograron destrabar el corte de la avenida. E insistieron en aclarar que en la negociación con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social sobre la implementación del plan de empleo a través de cooperativas de trabajo en los municipios el Gobierno no había cedido al reclamo.

"Levantaron el corte por la intervención policial porque desde el ministerio no se les dio nada", aclaró un funcionario con despacho en la Casa Rosada. El Gobierno mantuvo ayer su postura de instrumentar el plan de trabajo tal como estaba diseñado cuando lo presentó en agosto la presidenta Cristina Kirchner, que puso en manos de los intendentes la selección de los cooperativistas.

Según confiaron en Balcarce 50, el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Alicia Kirchner, acordó con los líderes de las organizaciones que le enviaran una copia con el listado de sus postulantes por municipio para inscribirse en el registro de cada intendencia. "Es la misma propuesta que ofrecíamos desde que empezó el reclamo", dijo un funcionario cercano a la Presidenta. El compromiso de Desarrollo Social es que garantizará que esas organizaciones no sean discriminadas por los jefes comunales.

En los despachos de la Casa Rosada argumentaban que, en realidad, la protesta se había generado y endurecido a partir del lanzamiento de la asignación por hijo para los desocupados y trabajadores en negro que eliminará otros planes sociales.

Anoche el Gobierno insistió en destacar que había sido la Policía Federal, en contacto con la justicia porteña, la que había logrado destrabar el corte. A media tarde, en un comunicado, la fuerza de seguridad se cruzó duro con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, que había acusado a la Casa Rosada de desoír una supuesta orden de desalojo. "La institución debe ceñir su accionar a las órdenes judiciales correspondientes, circunstancia que no ha sido comprendida por las autoridades de la ciudad cuyas expresiones menoscaban la profesionalidad con que se desarrolla la intervención y resultan inapropiadas para la solución del conflicto", respondió la policía.

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