Adrián Ventura
LA NACION

Un proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados, por el que se restringe la posibilidad de que los particulares obtengan medidas cautelares para frenar actos del Estado y de los organismos públicos, genera fuerte preocupación y controversia entre los juristas.

Esta iniciativa, redactada por el diputado chubutense Juan Mario Pais (FPV), que logró el apoyo de 135 diputados en la sesión del miércoles último, mejora la posición del Poder Ejecutivo, la Anses, la AFIP, el Energas, un hospital público o la futura autoridad de medios audiovisuales, y, en general, cualquier otro organismo público autárquico o descentralizado.

En efecto, si un particular presenta una acción judicial para protegerse de un acto o decisión estatal que, supuestamente, lo daña, el juez interviniente, antes de suspender esa decisión, deberá darle al Estado tres días para hacer su descargo. Pero, además, ese plazo podrá estar precedido por otro de quince días si el reclamo se inició ante la administración pública. En todos los casos, el particular deberá presentar pruebas muy convincentes.

Mientras Pais afirma que la iniciativa aprobada "no fue pensada para restringir los amparos, sino para evitar los abusos", los constitucionalistas lo critican. Daniel Sabsay calificó el proyecto de "vergonzoso, porque viola la división de poderes y la Constitución", y María Angélica Gelli afirmó que "impone al particular una prueba

pesada y compleja". En rigor, es posible obtener medidas cautelares mediante acciones de amparo y, también, mediante presentaciones de otra naturaleza técnica. El proyecto no se limita a los amparos, sino que, en general, afecta a todos los pedidos de medidas precautorias contra el Estado o sus organismos.

A nivel nacional, cuando un particular solicita una medida precautoria, en muchos casos los jueces, en forma inaudita, sin escuchar al Estado, deciden suspender la decisión estatal. Ahora, el trámite, que nunca fue sencillo, será más lento, intervendrá el Estado y su resultado será más incierto aún. El proyecto había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Justicia en diciembre último. No hubo disidencias, pero no lo firmaron los radicales ni los integrantes de la Coalición Cívica. Luego, en varias ocasiones fue incluido en el plan de labor parlamentaria, pero su tratamiento fue reiteradamente postergado, hasta que el miércoles último, sin que se advirtiera demasiado, fue aprobado por amplia mayoría y obtuvo sólo siete votos negativos y una abstención.

El proyecto introduce dos artículos en el Código Procesal Civil:

• Artículo 206 bis: "Salvo casos de urgencia debidamente justificados, el juez dará vista de la petición [que hace el particular] a la administración por el plazo de tres días, vencido el cual resolverá la solicitud". La salvedad referida a los "casos de urgencia debidamente justificada" fue introducida a instancias del diputado Federico Pinedo (Pro), quien interpretó que eso atemperaba la gravedad del proyecto original, que calificó de "catastrófico".

El especialista en derecho administrativo Tomás Hutchinson dijo que ese criterio de notificar al Estado, en rigor, se aplica "en muchas provincias y con buenos resultados", aunque "también tiene un costado peligroso y requiere que el juez obre con sentido común. Por ejemplo, si el caso es urgente o si el particular pide un embargo contra el Estado [el proyecto omitía este último supuesto], el juez debería prescindir de darle intervención previa al Estado".

Pais, autor del proyecto, aclaró: "No se restringen las medidas cautelares contra las empresas de servicios públicos, como Edesur o Edenor, ni contra otros particulares, como fueron los amparos por el corralito contra los bancos. Pero a veces hay abusos, como fue el caso de la cuota Hilton, que fue distribuida por los jueces".

• El artículo 206 es aún más polémico que el 206 ter, pues dice:

"Cuando con la medida precautoria se persiga la suspensión de la ejecución de un acto administrativo, esta medida sólo podrá ser ordenada" después de darle al Estado tres días para contestar y "cuando a) no se afecte gravemente el interés público y b) se acredite que ejecutar el acto generaría perjuicios más graves que su suspensión". Para la doctora Gelli, este último requisito "parece irrazonable, porque poner en cabeza del particular una prueba muy exigente puede neutralizar las presentaciones que efectúen contra el Estado. Requerirá que el juez sea muy prudente".

El mismo artículo también establece otra restricción. Si el particular estuviese litigando en defensa de su derecho ante la administración, antes de pedir la cautelar al juez, deberá pedirla en la administración y esperar otros quince días.

El proyecto

• Qué se votó. La iniciativa permite obtener medidas cautelares mediante acciones de amparo.

• Pedidos. El proyecto no se limita a los amparos, sino que, en general, afecta a todos los pedidos de medidas precautorias contra el Estado o sus organismos.

• Trámite legislativo. El proyecto obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Justicia en diciembre último. Pero sólo pudo ser aprobado por Diputados la semana pasada. Ahora lo tratará el Senado.

• Salvedad. El diputado Pinedo, de Pro, logró incorporar la salvedad en casos de emergencia, pero no apoyó la iniciativa oficial.