TEGUCIGALPA.- Los líderes del Congreso de Honduras decidieron pedir la opinión de la Corte Suprema sobre la posibilidad de restituir al derrocado presidente Manuel Zelaya, dilatando la convocatoria así la sesión clave para debatir el futuro del líder .

La decisión, informada por dos legisladores, desafía un acuerdo alcanzado la semana pasada entre negociadores de Zelaya y el gobierno de facto con la mediación de Washington, cuyo punto central es que el Congreso vote sobre la vuelta al poder del depuesto mandatario.

Zelaya dijo que, si para pasado mañana no es reinstaurado, la comunidad internacional desconocería las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, que apuntan a cerrar la peor crisis política en América Central en décadas.

El acuerdo también dispone la conformación esta semana de un gobierno de unidad nacional, plazo que estaría en duda con la decisión de los líderes parlamentarios.

La Corte Suprema, cuya opinión no es vinculante para el Congreso según el pacto, dictaminó en el pasado que el golpe de Estado que derrocó a Zelaya a fines de junio fue legal, debido a que el mandatario derrocado habría violado la Constitución al querer forzar la reelección presidencial.

Acuerdo de candidatos. Cuatro de los seis candidatos a las elecciones del 29 de noviembre en Honduras firmaron hoy un pacto social para fortalecer la democracia, la paz y libertad, en medio de la crisis política que enfrenta este país, informaron fuentes políticas.

El pacto fue suscrito en la sede del Canal 5 de televisión por Porfirio Lobo del Partido Nacional (PN, derecha), Elvin Santos del Partido Liberal (PL, también derecha), Felícito Avila de la Democracia Cristiana (DC, social cristiana) y Bernard Martínez del Partido Innovación (PINU, social demócrata).

César Ham de Unificación Democrática (UD, izquierda) y Carlos H. Reyes, independiente de izquierda, no firmaron el documento porque su participación en los comicios presidenciales depende de la restitución de Zelaya.

Según el proyecto, el pacto tiene como objetivo "fortalecer y afianzar nuestra institucionalidad democrática mediante el absoluto respeto de los resultados de las elecciones generales". Los candidatos se comprometen a "hacer efectivo el pacto ético electoral suscrito el 7 de octubre por el Consejo Nacional Anticorrupción" en el que asumen el compromiso de promover la transparencia en la administración pública.

"Fortalecer la democracia participativa mediante un proceso de cohesión social como respuesta a las desigualdades, marginación y carencia de oportunidades de amplios sectores de la sociedad", agrega el documento.

También se comprometen a descentralizar la educación, la salud, la seguridad social y a reforzar la pequeña y mediana como generadoras de empleo.

Avila destacó que "no se puede hablar de paz si no hay justicia social" y Lobo destacó que "es responsabilidad de todos" mejorar las condiciones de los 7,5 millones de hondureños.

Agencias Reuters y AFP

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