París, 4 nov (EFE).- La organización SOS Racismo publica hoy un informe que le había encargado el Gobierno francés en el que pone en evidencia el recurso por algunas empresas a las clasificaciones étnicas de sus empleados o de los candidatos a serlo, pese a ser una práctica prohibida por la ley.

En sus conclusiones avanzadas por la prensa, SOS Racismo denuncia la pasividad de los responsables de aplicar una ley de 1978 que prohíbe fichar a las personas por su origen étnico-racial, desde los inspectores de trabajo a los jueces.

En una primera reacción, el delegado interministerial para la Igualdad de Oportunidades, Patrick Karam, que fue quien encargó el estudio, explicó que lo que se demuestra es que cuando una empresa o un organismo se pone a elaborar este tipo de clasificaciones "es generalmente para discriminar".

"La clasificación étnica es peligrosa porque cuando se empieza a preguntar a la gente que se defina en función de una categoría, luego se puede hacer lo que se quiera en materia de vivienda, de empleo o de recorrido profesional", señaló Karam en una entrevista a "Le Parisien".

SOS Racismo detalla la situación de algunas empresas a las que ha denunciado, como es el caso de Nissan, a la que reprocha que en su sitio internet para contratar personal en Europa los candidatos deban precisar su origen étnico y escoger entre las opciones: africano, asiático, caribeño, europeo, latino, de oriente medio, oriental u otro.

El fabricante automovilístico japonés, además de insistir en que no aplica ninguna discriminación étnica a la hora de contratar, señala que la información étnica no es obligatoria.

Otro caso reseñado es el de Air France, a la que SOS reprocha aplicar una "tipología racial" a su personal de cabina que destina a "vuelos especiales y manifestaciones excepcionales".

La aerolínea se ha defendido recordando que no sólo la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL) le confirmó en agosto que no infringía la normativa porque el fichero utilizado se realizaba con el consentimiento del personal concernido, sino que al final y "para acallar toda polémica" ha decidido a renunciar a los datos sensibles.

Igualmente se cita el caso del organismo de atribución de viviendas sociales de la ciudad de Kremlin-Bicêtre, en la periferia de París, por haber confeccionado una codificación cifrada por nacionalidades y orígenes de los inquilinos y de los demandantes de pisos.

Por primera vez, el pasado 17 de junio la justicia francesa condenó a una empresa, Dayton -que proporciona azafatas y comerciales a grandes marcas-, a una multa de 20.000 euros por haber fichado por el origen étnico a empleados.

Los jueces, aunque no condenaron a Dayton por discriminación racial, estimaron que la empresa no podía elaborar un fichero como el que tenía en el que los candidatos a operaciones comerciales quedaban catalogados como europeos blancos, magrebíes, negros o asiáticos.

Este informe llega coincidiendo con el lanzamiento por el Ejecutivo de una nueva experimentación sobre el currículum anónimo para evitar que el nombre o el apellido pueda servir para descartar de entrada una candidatura de trabajo en una empresa o en una administración.

Sobre este asunto, SOS Racismo ha pedido que no se pueden prolongar indefinidamente las fases de pruebas, y que se apruebe un decreto que generalice este dispositivo, que está contemplado en una ley aprobada hace ya más de tres años. EFE