Por Jorge Rivas Navarro México, 4 Nov. (Notimex).- El jurista Diego Valadés Ríos consideró que si bien una eventual acción de inconstitucionalidad contra la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no prosperaría, había otras alternativas para salvar el conflicto.

En entrevista, el ex director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se dijo convencido de que se debieron utilizar otros medios que permitieran llegar a acuerdos dentro de la ley, como podría haber sido el conflicto económico.

Planteó que a través de éste la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje estaría en condiciones de acordar la disminución de personal e incluso la reducción de los salarios, la modificación de las condiciones generales de trabajo, el aumento de la jornada laboral y la reducción de vacaciones.

De tal suerte, resaltó, "había soluciones dentro del ámbito jurídico con ánimo conciliatorio que podían haber resultado menos traumáticas para la sociedad y los trabajadores".

Comentó que en un conflicto económico una empresa plantea sus deficiencias de carácter financiero y se ofrece a los trabajadores hacer los ajustes necesarios para que se conserve la fuente de trabajo en los límites y posibilidades del patrón.

Ahora se ve, dijo, que LFC no sólo tenía una condición deficitaria con motivo de las relaciones contractuales de trabajo, sino también numerosos adeudos de muchos usuarios que deben millones de pesos a la empresa.

Ante ello confió que en el futuro cercano una adecuada investigación llevada a cabo por alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión "nos ofrezca a los ciudadanos una versión complementaria de la que hasta el momento tenemos".

En cuanto a si procedería una acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores contra el decreto de extinción del organismo, respondió: "hasta donde he visto no tengo la impresión de que haya violaciones a la Constitución".

Desde su perspectiva lo que hay son violaciones a los derechos de los trabajadores, pero no por la vía de la alteración directa del contenido de la Constitución.

Aseveró que, por lo tanto, "la acción de inconstitucionalidad no prosperaría pero espero que sí lo hagan las medidas conciliatorias que están siendo planteadas".

Más adelante subrayó que una investigación por parte de una comisión legislativa debe ser exhaustiva para que se haga un balance de cuáles han sido las fallas, porque podrían existir excesos en las prestaciones de los trabajadores sindicalizados.

En ese sentido se pronunció por esclarecer el origen de que la empresa haya otorgado tales prestaciones laborales, así como cuál era el manejo político que originaba la falta de pago por parte de numerosos usuarios.

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