Silvia Stang
LA NACION

En 2003, de cada 10.000 trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos laborales, 6,2 inició un juicio contra su empleador o su aseguradora. Este año, esa cifra llega a 55,3 por 10.000. El crecimiento de la tasa, que equivale al 792% para el período -en el que no hubo cambios sustanciales en la frecuencia de siniestros-, ocurrió tras los fuertes cuestionamientos a la ley 24.557 por parte de la Corte Suprema de Justicia, en 2004. Para este año, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) estima que la cantidad de litigios iniciados será un 58% mayor que la de 2008. Hasta octubre ingresaron 34.090 causas, y según se espera, para diciembre totalizarán 42.927, contra los 27.170 del año pasado y los 2947 de 2003, el año previo a las sentencias.

El incremento de las indemnizaciones para los trabajadores accidentados, incluido en el decreto anunciado anteayer (que ayer se publicó en el Boletín Oficial) actuará, según el Gobierno, como un desincentivo a la judicialidad. "Al disminuir la litigiosidad, uno de los reclamos principales de los empleadores, esperamos tener un escenario más favorable para contar con una ley de riesgos que realmente apunte a la prevención del accidente y no a la reparación económica", sostuvo ayer en declaraciones radiales el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

La visión que, sin embargo, tienen las ART y también abogados y asesores de empresas y trabajadores consultados por LA NACION, es diferente. En general se sostiene que sólo una reforma más amplia del régimen, que incluya específicamente los puntos cuestionados, lograría un alivio de la situación de litigiosidad.

El abogado Carlos Facal, del Estudio Martín, Facal & Asociados -que trabaja con empresas y con aseguradoras-, valoró que se incrementen los pagos de las ART y consideró que algunos cambios -más allá de que merecerían una ley y no un decreto- eran imprescindibles, como la modificación por la cual ahora se tomará, como ingreso base para calcular las prestaciones, el salario del último mes trabajado y no el promedio del año previo. Con respecto a los juicios, dijo no creer que se provocaría una baja, porque para ese objetivo habría que mejorar otros aspectos. Además, consideró que si se diera un efecto favorable, no sería en el corto plazo, ya que los juicios se inician un tiempo después de ocurrido un hecho.

En ese sentido, se estima que podría haber reclamos de quienes sufrieron accidentes en los últimos tiempos y son compensados con las viejas sumas. La falta de actualización de montos en varios años generará que, tal vez por un día de diferencia en la ocurrencia de un accidente, la indemnización difiera sustancialmente.

El abogado Horacio Schick, que representa a trabajadores, consideró que al eliminarse topes y disponerse un piso (al que consideró muy insuficiente) pero sin que se modifique significativamente la fórmula de las indemnizaciones, la medida impactará sólo para algunos, por lo que seguirán los reclamos.

Para Diego Silva Ortiz, del estudio Silva, Ortiz, Alfonso, Pavik & Louge, especializado en seguros, la solución pasaría por responder a los problemas no resueltos del sistema, como la legislación sobre la doble vía (administrativa y judicial) que en la práctica dispusieron los jueces. "Actualmente son más los abogados que buscan trabajadores para proponerles una demanda que al revés", advirtió.

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