Leonel Rodríguez
Enviado especial

PINTO, Santiago del Estero.- El escándalo por el reclamo de dos millones de euros por parte del Ayuntamiento de Pinto, en España, a la localidad de Pinto, en Santiago del Estero, sigue entregando nuevas informaciones de posiciones encontradas y puntos oscuros.

Los ocupantes de las viviendas en cuestión prefieren el silencio y el encierro, en tanto que los pocos que se animan a hablar no ocultan su temor a posibles "saqueos y ocupaciones violentas" por parte de integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), organización que denunció el hecho en España hace un par de años y que ya realizó varias movilizaciones hacia la sede de la Fundación Pinares.

Una de las ocupantes de estas viviendas, que pidió mantenerse en el anonimato "por miedo a represalias", contó a LA NACION: "Desde que estalló esta situación no podemos dormir tranquilos ninguno de los vecinos del barrio España y, me animaría a decir, que de toda la ciudad de Pinto. Andan diciendo que gente del Mocase va a venir y va a tomar las casas por asalto, y se imaginará que en algunos casos hay mujeres solas..."

Angel Strapazzon, dirigente del Mocase, desestimó tales rumores, que atribuyó al "típico argumento de demonización que usan en contra de nuestra organización". Agregó: "Aquí el eje de la cuestión es que las casas debían haberse hecho para los pobres, y gratuitas, y en cambio viven personas de buena posición económica y que pagaron por ellas. Cuando se dieron cuenta de que las casas eran muy lindas habrán pensado y decidido que un pobre no tiene derecho a vivir en una de estas casas".

Aquella vecina atemorizada dijo al respecto: "No son tan lujosas como dicen. En algunas llueve adentro, y están lindas porque una se esfuerza en cuidarlas, tenerlas limpias y muchos les hicimos mejoras en relación a cómo las hemos recibido. No son muy diferentes de las que hace el gobierno".

LA NACION pudo comprobar que las viviendas son diferentes de las que entrega el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo. Los materiales utilizados en las viviendas construidas con dinero español son diferentes como, por ejemplo, los techos tienen tejas. Además, son independientes.

Las viviendas sociales que entrega la provincia son en algunos casos de placas con módulos partidos a la mitad, en los que viven pegadas dos familias.

En relación con la forma en que las 18 casas fueron asignadas, la vecina consultada respondió: "Cuando se hizo el llamado a licitación me presenté y la obtuve. Sé que otras fueron dadas a personas allegadas a funcionarios de la ciudad. Yo he pagado $ 50.000 por la mía". Se refería, quizás, al hecho de que una propietaria es la hija del senador nacional cobista y ex intendente de Pinto Emilio Rached.

Hay versiones de que también tienen casa en el barrio un sobrino y el chofer del legislador, así como una sobrina del jefe de la custodia del senador nacional.

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