México, 6 ago (EFE).- La ejecución del mexicano José Medellín en el penal de Hunstsville (Texas) reavivó hoy las discrepancias entre México y EE.UU., ante el malestar expresado por distintos sectores de este país y la nota de protesta enviada por el Gobierno.

El ex canciller mexicano Jorge Castañeda recordó en un artículo publicado hoy que aunque la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó detener la ejecución el gobernador de Texas, Rick Perry, "hizo caso omiso de ellas".

Agregó que por su parte, el presidente George W. Bush "no supo, no pudo, o no quiso hacer algo para obligar a su estado de origen a respetar la decisión de la CIJ".

La cancillería mexicana envió anoche, luego de conocerse la ejecución, una nota de protesta al Departamento de Estado de EE.UU. por el ajusticiamiento que se realizó "en claro desacato" a una orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Castañeda agregó que el Gobierno mexicano hizo todo lo posible para evitar la ejecución, y aconsejó que mantenga el "esfuerzo" para salvar a los otros 50 mexicanos condenados a pena de muerte en Estados Unidos, cuatro de ellos ya con fecha programada.

Medellín, de 33 años, fue ejecutado anoche en Texas después de haber sido condenado a la pena de muerte en 1994, y luego de que la Suprema Corte de Justicia de ese país canceló una prórroga de último momento.

El mexicano fue condenado por la violación y asesinato de Jennifer Ertman, de 14 años, y Elizabeth Peña, de 16, en 1993.

Diputados y senadores mexicanos expresaron su indignación contra el Gobierno estadounidense por no hacer valer los compromisos internacionales asumidos en materia de justicia y derechos humanos.

Legisladores de las principales fuerzas políticas del país dijeron hoy a Efe que el Gobierno mexicano debe exigir a EE.UU. el cumplimiento de los acuerdos internacionales, principalmente el de la asesoría consular a los mexicanos detenidos.

La senadora Adriana González consideró que el caso de Medellín es el "parteaguas" para seguir presionando al Gobierno estadounidense para que apruebe una interpretación definitiva del "caso Avena", que afecta a 51 mexicanos -uno de ellos era Medellín- condenados a muerte en Estados Unidos.

"La ejecución de Medellín es un precedente terrible porque eso demuestra que Estados Unidos regresa a una posición unilateral", dijo a Efe la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte.

A su vez el diputado Armando Barreiro, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), explicó que existe la preocupación en el Gobierno federal y el Congreso por "la lista de mexicanos en espera de su ejecución".

"Medellín debía cumplir una condena por la violación y asesinato de las dos adolescentes en 1993, pero también tenía todo el derecho de recibir asistencia consular, misma que dijo, no se otorgó", insistió el diputado.

Por su parte, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho, afirmó que México es contrario a la pena de muerte, pero que le indigna más que "Estados Unidos no acate las normas internacionales que suscriben".

El legislador aseguró que entre los legisladores hay una posición unánime "para que el Gobierno mexicano exija a su contraparte estadounidense a que cumpla con los compromisos y acuerdos internacionales".

Por su parte, los familiares de Medellín esperan en Nuevo Laredo, frontera con Estados Unidos, la decisión de las autoridades para recuperar su cuerpo con el fin de sepultarlo aunque aún se desconoce si en México o Estados Unidos.

"Nosotros estamos en espera que nos llamen para conocer la decisión si van a enterrar aquí a mi sobrino", dijo la tía de Medellín, Beatriz Salazar.

Afirmó que todos los familiares tenían la esperanza de que se alargara la ejecución y que se aumentaría la prórroga y agregó que esperan que los familiares que se encuentran en Huntsville realicen los trámites para trasladar el cuerpo de Medellín, aunque el procedimiento puede demorar más de 48 horas.

"Mi sobrino dejó instrucciones para que su cuerpo fuera reclamado por su amiga Sandra Crisp y no sé si continúe realizando los trámites", detalló Salazar.

Reyna Armendariz, prima de Medellín, dijo a Efe que ellos no pueden dejar que su cuerpo se entierre en Estados Unidos.

"No lo podemos dejar allá, allá (Estados Unidos) no lo quisieron, es más lo mataron", dijo.

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