San Salvador, 7 nov (EFE).- Organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador dijeron hoy que el compromiso asumido por el Gobierno de Mauricio Funes ante la CIDH de avanzar en la reparación por el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero no garantiza la justicia.

"Están ofreciendo solo un pedazo: el de la reparación. Y esas reparaciones así son vacías, no son malas, pero no es lo que la gente, las víctimas, esperan", dijo a Efe Benjamín Cuéllar, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).

Indicó que el representante salvadoreño declaró en la audiencia celebrada que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son vinculantes, "pero solo habló de las reparaciones".

"El problema es que le están haciendo creer a la gente que van a cumplir todo lo de la Comisión", sostuvo.

Pidió que se derogue una Ley de Amnistía aprobada en 1993, que no resolvió violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra tanto por el Ejército como por la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), convertida tras el conflicto en partido político y hoy en el poder.

La CIDH recomendó a El Salvador que emprenda una investigación judicial completa, imparcial y efectiva sobre el caso Romero para identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, sin perjuicio de la Ley de Amnistía.

También ordenó que el Estado repare todas las consecuencias de las violaciones cometidas, incluyendo el pago de una justa indemnización, y adecúe su legislación a la Convención Americana para dejar sin efecto la amnistía.

"Si no se deroga la ley de amnistía o no se adecúa a los estándares internacionales no se van a cumplir las otras recomendaciones", agregó Cuéllar, y advirtió que "ha sido el obstáculo y pretexto para no investigar".

Luis Ramírez, director de la escuela de derechos humanos de la Procuraduría, consideró que con el anuncio del Gobierno "no se va a resolver el problema de la justicia".

"El hecho de que el Estado en este momento se allane a las pretensiones de los denunciantes no quiere decir que ya hay justicia en el país, desde ningún punto de vista", aseguró a Efe.

Opinó que Funes puede presentar una iniciativa de ley en la que le pida al Parlamento que derogue la amnistía.

El director general de Derechos Humanos de la cancillería salvadoreña, David Morales, declaró ante el CIDH que se investigará lo sucedido hace treinta años, algo que corresponderá al Fiscal General, mientras que la derogación de la Ley de Amnistía es un asunto que debe ver la Asamblea Legislativa.

El Salvador dio un giro de 180 grados a su política de las últimas dos décadas al reconocer públicamente su responsabilidad en este asesinato cometido en 1980 por los escuadrones de la muerte.

Además, afirmó que reconoce "plenamente" la autoridad de la CIDH y el carácter vinculante de sus recomendaciones emitidas en su informe de fondo de 2000.

Morales transmitió el compromiso del Gobierno de Funes "de cumplir de buena fe" y en la medida de sus posibilidades las recomendaciones.

El Salvador vivió entre 1980 y 1992 una guerra civil que concluyó el 16 de enero de 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz y que, según organismos de derechos humanos, dejó al menos 75.000 muertos, unos 12.000 lisiados y 8.000 desaparecidos.