Padecen una enfermedad terminal. La esperanza está pérdida.

"Vi al médico hablar con muchos médicos y salieron a decirme que ya no había nada qué hacer, que me fuera a casa, tranquilamente, a terminar porque pues no había ni para qué me hicieran sufrir", expresó una enferma terminal.

Evitar el dolor y el sufrimiento no sólo es el único deseo, también es un derecho en el Distrito Federal con la Ley de Voluntad Anticipada.

Sin embargo, la Secretaría de Salud reconoció que esta legislación aún no se aplica al 100%

Desde enero a la fecha, sólo siete personas han establecido en un testamento si desean recibir tratamiento o suspenderlo ante una muerte inminente. En ninguno de los 28 hospitales del gobierno capitalino se ha registrado alguna solicitud de aplicación.

"Tenemos solamente el caso de una niña de 10 meses que nació en una condición verdaderamente terminal. Los padres pidieron apoyo y el caso se estaba estudiando cuando rectificaron y dijeron que siempre no y naturalmente los que mandan son los pacientes o los padres de ellos", comentó Manuel Mondragón, secretario de Salud del DF.

Autoridades y especialistas consideran que el caso de cada paciente es una experiencia única que fortalece la aplicación de esta ley. Coinciden en que también hace falta personal, conocimientos en el trato con los enfermos terminales e infraestructura.

"Esto va a obligar además al fortalecimiento de toda la infraestructura de cuidados paliativos. Hay quien dijo que hasta que no hubiera una buena infraestructura no se podía implementar esto. La sociedad no se maneja así", apuntó Juan Zinder, del Instituto Nacional de Cancerología.

En cada hospital capitalino ya opera un comité de bioética listo para analizar cada caso. Si el paciente no estableció su voluntad en un testamento, él o su familia pueden hacerlo en un formato que cuenta con validez jurídica.

En una mesa de análisis, diputados de la Asamblea Legislativa aclararon que la ley no obliga a nadie.

"No estamos promoviendo que la gente lo haga, simplemente estamos dando la posibilidad de que donde se practique, con todo el equipo multidisciplinario que tenga que decidirlo, ya no esté penalizado", manifestó Jorge Schiaffino, coordinador del Partido Revolucionario institucional (PRI) en la ALDF.

La Secretaría de Salud capitalina prevé que sólo entre 2 y 5% de los pacientes en fase terminal pudieran solicitar la aplicación de esta ley.

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