Bogotá, 13 may (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, aseguró hoy que su Gobierno y el de Bogotá coinciden en que "el objetivo principal" contra los catorce paramilitares extraditados apunta a encontrar "máxima justicia, máxima sanción y máxima reparación".

Señaló que el sistema legal estadounidenses "garantiza acceso" a "cualquier fiscal, juez o magistrado" colombiano, y a "cualquier familiar de víctima", para emprender un juicio civil contra cualquiera de los paramilitares enviados ante la justicia de Estados Unidos.

Agregó que "Colombia es un país mejor y Estados Unidos es un país, también mejor" con las catorce extradiciones.

Cada uno de los extraditados hoy por Colombia "va a ser acusado por parte de autoridades federales por tráfico de drogas, lavado de dinero y cargo relacionado, y por apoyo material para el terrorismo", señaló.

Brownfield dijo a periodistas que quería "clarificar" que esta extradición de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), autorizada por el presidente Álvaro Uribe, "siguió las mismas normas procesales, los mismos documentos y el mismo proceso como todas las extradiciones en el pasado".

Insistió en que se siguieron los mismos pasos "de cada uno de los 101 (extraditados) de este año, y los más de 600 durante los últimos seis años".

Entre los extraditados hoy figuran Salvatore Mancuso, quien fue jefe máximo de las AUC, así como Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40" y Diego Fernando Murillo, conocido como "Don Berna", líderes de escuadrones de la muerte.

El embajador Brownfield señaló igualmente que quería "eliminar la confusión sobre la situación legal en Estados Unidos para las víctimas y los representantes legales de las víctimas de estos señores, o de cualquier otra persona extraditada" a su país".

Reveló que ha elevado consultas "con bastante detalle con las autoridades del Gobierno (colombiano) en los últimos días" y han "concluido que en cinco áreas específicas, las víctimas sus representantes y fiscales de la República de Colombia tendrán acceso al sistema legal, a la propiedad, y a los individuos mismos".

Entre esas áreas, explicó, "hay un compromiso, por parte del Departamento de Justicia de EE.UU. de compartir evidencia o información en el manejo de estos casos con las autoridades y los fiscales" colombianos.

También, añadió, hay un compromiso "de tratar de facilitar acceso directo, por parte de fiscales de Colombia responsables para la aplicación de la ley de Justicia y Paz (marco legal de la desmovilización paramilitar) a los extraditados".

Por medio de la ley de Justicia y Paz los jefes de las AUC que se desmovilizaron recibieron garantías de no extradición si no continuaban en el delito, debían confesar sus crímenes, entregar información para ubicar fosas de sus víctimas y ofrecer bienes para su reparación.

Entre 2003 y abril del año pasado, merced a acuerdos con el Gobierno colombiano, se desmovilizaron más de 31.000 paramilitares de la ultraderecha, autores de matanzas y crímenes selectivos.

El presidente Uribe, en una intervención por radio y televisión pocas horas después de que estos jefes paramilitares viajaron a Estados Unidos en un avión del Departamento Estadounidense Antidroga (DEA) aseguró que estos "siguieron delinquiendo".

Familiares de las víctimas han expresado su temor de que con su envío a Estados Unidos, se pierdan sus derechos para esclarecer la verdad, se haga justicia y se cumpla con la reparación. EFE

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