Unos 15 fabricantes de maquinaria nacional fueron acusados por la Secretaría de Industria, que conduce Fernando Fraguío, de presuntas maniobras delictivas, que consistían en falsificar documentación para acreditar su existencia o las facturaciones de sus ventas, y así conseguir subsidios. Tres funcionarios de la Dirección Nacional de Industria fueron removidos del área de concesión de estas subvenciones por los rumores que circulaban en la dependencia, aunque no fueron sumariados porque las autoridades de la Secretaría no hallaron pruebas para hacerlo.

La presunta estafa habría afectado recursos públicos por $ 24 millones. Se trata de dinero que reparte el régimen de promoción de los bienes de capital nacionales, que había creado en 2001 el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, para compensar a los fabricantes locales por la rebaja que había dispuesto del arancel a la importación de maquinaria del 14 al 0%. Por eso, por cada venta, se entrega al industrial local un bono fiscal del 14% sobre la suma de la operación.

Desde 2001 hasta ahora se concedieron subvenciones por $ 3600 millones a 2300 empresas. El año pasado se repartieron 980 millones y en los primeros cinco meses de 2008, 439 millones.

Cavallo había establecido que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizara auditorías del régimen. Ante las irregularidades que se descubrieron en esos controles, en noviembre de 2006, el entonces secretario de Industria Miguel Peirano aprobó un nuevo procedimiento para las tareas de verificación y facultó a la Dirección Nacional de Industria a tomar medidas en caso de hallar desvíos.

A partir de los resultados de más de 800 auditorías de la UBA entre 2003 y este año, y de una denuncia ante la Secretaría de un empresario tucumano al que un gestor le había prometido conseguirle un subsidio -presentada en diciembre de 2007-, la Dirección de Industria descubrió la existencia de empresas que falsificaron documentos en tramitaciones del régimen de compensaciones.

Ya se dio de baja del régimen y se denunció el 26 del mes pasado ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el marco de la ley penal tributaria, a las empresas Petropack SRL, Estructuras Metalúrgicas López, Faind, Comercial Salta SRL, Clargran SRL, Intermoto SA, Gorpack, Quima, Construcciones Metalúrgicas Argentinas, Petroquímica del Norte y Capeta, según consta en archivos de la Secretaría de Industria. También están realizándose actuaciones en el mismo sentido contra Elevadores del Valle, Metalúrgica Salta, TN Construcciones e Industrias Tula.

El Estado habría entregado bonos a empresas que no existían o que habían fraguado sus ventas. La mayoría de los casos denunciados se concentra en firmas del noroeste argentino. No se descarta que aparezcan nuevos escándalos con empresas de renombre.

En marzo pasado, el ex ministro de Economía Martín Lousteau comentó las irregularidades halladas en el régimen ante el pedido del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, de que lo renueve cuando venza a fines de año.

Desde entonces comenzaron a circular por Industria los rumores sobre presuntos responsables. El secretario Fraguío no halló pruebas para culpar a nadie puertas adentro de su dependencia, pero para disipar tensiones internas y sospechas externas removió del sector de los bonos a tres empleados: uno de ellos estaba provisionalmente a cargo de la Dirección de Industria y otro es hijo de un renombrado dirigente de la Unión Industrial Argentina.

Fraguió pidió a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía que abriera un sumario para hallar a los responsables dentro de la Secretaría. Por ahora, la secretaria legal, Ofelia Cedola, no ha identificado a ninguno.

Por Alejandro Rebossio
De la Redacción de LA NACION

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