México, 27 mar (EFE).- México espera que Estados Unidos encuentre una solución para no ajusticiar a los 51 mexicanos condenados a muerte en ese país, pese a contar con una sentencia a su favor de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que los estados norteamericanos no tienen obligación de cumplir.

Aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores todavía no ha fijado la posición oficial del gobierno de Felipe Calderón, ex cancilleres, analistas y representantes mexicanos y latinoamericanos confían en que los implicados en el "caso Avena", llamado así por el apellido de uno de los afectados, jamás sean ejecutados.

Hace dos días, el Tribunal Supremo estadounidense libró al estado de Texas de celebrar una nueva audiencia para José Ernesto Medellín, uno de los 51 mexicanos que hay en el corredor de la muerte, cuyo derecho a la protección consular fue violado.

La CIJ determinó en 2004 que EEUU violó la Convención de Viena de 1963 al no respetar el derecho de Medellín y de sus compatriotas a obtener servicio consular y solicitó la revisión de los casos.

Catorce países de América Latina, además de la Unión Europea (UE) y de grupos defensores de los derechos humanos han respaldado el dictamen mientras que el propio presidente George W. Bush ordenó en 2005 a las cortes estatales estadounidenses seguir la decisión del tribunal de La Haya.

Para el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, quien en 2003 instruyó la apertura del "caso Avena" ante la CIJ, la decisión del Supremo estadounidense es un acto unilateral "de la mayoría conservadora de la Corte, que antepone los intereses internos, nacionales, de soberanía de EEUU, a los internacionales".

En declaraciones a Efe, Castañeda lamentó la decisión del Supremo pero advirtió de que este dictamen "no quiere decir tampoco que mañana vayan a ejecutar a los 51".

"Yo creo que por lo menos los demás estados, y quizás el de Texas, serán sensibles al fondo del asunto", lo que podría hacer que apoyaran "una revisión" de los casos o que sigan "posponiendo indefinidamente el tema hasta que por otras razones quede nuevamente abolida, en los hechos, la pena de muerte en EEUU".

La también ex canciller Rosario Green, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), habló esta semana del asunto en el Senado mexicano e insistió en que los fallos del Tribunal de La Haya "tienen que ser asumidos por Estados Unidos como vinculantes".

"Desde luego esta situación es deplorable, es muy peligrosa, y afectará de manera severa, no me cabe la menor duda, a la relación entre México y EEUU a pesar de que el presidente Bush decidiera emitir un memorándum que obliga a las cortes estatales a revisar esos procesos judiciales", añadió.

Por su parte la Archidiócesis Primada de México, encabezada por el cardenal Norberto Rivera, emitió otro comunicado en el que condena "enérgicamente" el fallo del Supremo estadounidense.

El arzobispo Rivera instó en él a las "autoridades competentes" de la nación vecina a "que no se proceda con la pena capital" contra los mexicanos pues, "aun siendo culpables de graves delitos, la misericordia siempre engrandece a todo juez".

Para el académico de la Universidad Iberoamericana (UIA) Juan Carlos Arjona, el Gobierno de Washington tiene ahora poco margen para hacer cumplir el fallo de La Haya y México, al mismo tiempo, pocas posibilidad de hacerlo cumplir.

Las opciones que le quedan serían llevar el caso al Consejo de Seguridad de la ONU, donde EEUU tiene derecho a veto, o "buscar acuerdos políticos" con la Casa Blanca.

Finalmente, el nicaragüense Omar Cabezas, presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), se refirió hoy al caso e hizo un llamamiento a Bush a tomar cartas en el asunto y dar "una muestra a la humanidad".

No obstante recordó que no es la primera vez que EEUU rehúsa cumplir con los dictados de la CIJ, pues el tribunal de la ONU dictó una sentencia a favor del gobierno sandinista de Nicaragua en concepto de daños causados en la guerra civil de los años 80 que Washington nunca aceptó.

"Hasta el día de hoy EEUU no reconoce el fallo de la CIJ porque no reconoce esa Corte", concluyó.

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