BUENOS AIRES (AFP) - Los agricultores de Argentina seguirán en huelga durante otra semana contra un alza en el impuesto a la soja, principal producto exportable, en una protesta que ha paralizado el comercio exterior de granos, anunció el jueves uno de los líderes agrarios, Eduardo Buzzi.

Otro de los líderes agropecuarios, Mario Llambías, anunció que los productores "continuarán con las restricciones en la venta de granos para la exportación, pero facilitando el tránsito de la hacienda, los lácteos y los artículos perecederos", en las rutas de la región central del país.

"Continuaremos arriba de los tractores en las rutas y pueblos, y con las asambleas. Y le pedimos una audiencia urgente a la presidenta Cristina Kirchner para discutir estos temas", dijo Llambías en una rueda de prensa en la ciudad de Santa Fe, a 400 Km al norte de Buenos Aires.

Buzzi dijo que el miércoles las organizaciones agrarias en rebelión fiscal "volverán a discutir la situación", luego de haber cumplido una semana de protesta que finalizó este jueves y haber iniciado el plan de lucha en marzo, cuando paralizaron la producción y cortaron 400 rutas durante 21 días.

Las entidades de agricultores convocaron también a un gran acto nacional de protesta para el 25 de mayo en Rosario, a 300 km al norte de la capital, "por la recuperación de un país federal y una nueva política agropecuaria".

La medida de fuerza amenaza la pujanza económica de un país que creció a un promedio anual de casi el 9% desde 2003, con una secuela de paralización de sectores agrícolas e industriales, además de incertidumbre financiera.

La cosecha de soja, valuada este año en unos 24.000 millones de dólares, se exporta en un 95% y el Gobierno intenta recaudar unos 11.000 millones de dólares mediante retenciones (impuestos a la exportación) a tasa flotante.

"Queremos que haya exportación de trigo, de carnes y políticas para las economía regionales, pero es el tema de las retenciones (impuestos a las exportaciones) lo único que destraba el problema", había señalado Buzzi horas antes en un multitudinario acto en Santa Fe.

El dirigente Luciano Miguens, otro de los líderes del campo, había adelantado que "no levantaremos el paro hasta que no aparezcan soluciones concretas" a los reclamos contra las 'retenciones' móviles, el tributo flotante fijado para el comercio exterior de granos que desató la rebelión en marzo.

Ambas expresiones fueron pronunciadas frente a unas 5.000 personas que agitaban banderas argentinas frente a la sede de la casa de gobierno de la provincia de Santa Fe (centro-este), en la capital homónima, el cuarto distrito de la nación, gobernado por el socialista Hermes Binner.

Los dirigentes se reunieron con Binner antes de decidir en una reunión privada la continuación de la huelga, que evita cortar por completo las rutas, como lo hicieron en marzo cuando dejaron a las grandes ciudades al borde del desabastecimiento de alimentos.

La presidenta Cristina Kirchner había llamado al diálogo democrático en torno al conflicto en un acto partidario el miércoles, en una expresión que parecía abrir el camino para un acuerdo que volvió a cerrarse con la extensión de la protesta.

Los impuestos móviles y flotantes significaron un alza de cuatro puntos en el tributo a la soja que era de 35% cuando fueron anunciados en marzo, pero el plan del Gobierno establece que pueden seguir repuntando a medida que lo hagan los precios internacionales.

Kirchner había instado esta semana a evitar divisiones en un país de fuerte perfil agrícola y con potencial para alimentar a 300 millones de personas por año.

La puja por la renta sojera está afectando la actividad económica general de Argentina, cuya economía global ha venido creciendo a un promedio de casi 9% anual desde 2003, y que registra un fuerte superávit comercial y fiscal.

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