BUENOS AIRES (AFP) - El gobierno argentino ganó el sábado en el Parlamento el primer round de una dura puja por un aumento de impuestos a las ventas externas de granos al aprobar la Cámara de Diputados un crucial proyecto oficial, bajo amenaza de los productores rurales de reanudar un lock-out.

La Cámara de Diputados aprobó el controvertido proyecto tras una maratónica sesión de 17 horas iniciada la tarde del viernes, tras lo cual remitió el proyecto al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría, que lo tratará la semana próxima.

El oficialismo sumó 129 votos favorables frente a 122 en contra y dos abstenciones, una ajustada victoria que festejó con algarabía en el recinto.

"Este es el primer tiempo. El segundo tiempo lo jugamos en el Senado la semana que viene", advirtió en términos futbolísticos el dirigente agrario Eduardo Buzzi tras la decisión en Diputados, y consideró "un triunfo" haber recibido el respaldo de 122 legisladores.

Tras la aprobación del proyecto, los productores que habían amenazado con volver al lock-out dijeron que esperarán el debate en la Cámara alta para decidir eventuales nuevas protestas.

"De ninguna manera iniciamos un plan de lucha gremial porque están funcionando las instituciones", aseguró Buzzi, aunque admitió que hay "estado de alerta y asambleas de productores" en todo el país.

El proyecto aprobado ratifica el esquema gubernamental de tributos móviles a las exportaciones de soja y cereales, que aumentó de 35% a 47% los aranceles, que se ajustan según el precio internacional de los granos.

El oficialismo aceptó incluir modificaciones que tienden a compensar con reintegros a los pequeños y medianos productores frente a los grandes pooles sojeros.

Así, quienes exporten hasta 300 toneladas al año pagarán 30% de retenciones (impuestos) y hasta 750 toneladas al año, 35%, lo que beneficiará a entre el 85% y 90% de los productores, según el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi.

El proyecto también prevé la creación de un fondo para utilizar parte de la recaudación de las retenciones en la construcción de hospitales, caminos rurales y escuelas.

Durante tres semanas de puja parlamentaria, el oficialismo tuvo complicaciones para conciliar posiciones en su propio seno y con sus aliados.

Hubo proyectos disidentes dentro del gubernamental peronismo, en particular entre parlamentarios de provincias de la rica Pampa húmeda, el mayor polo agroindustrial del país, sobre quienes pesaba la mirada de sus eventuales electores.

La aplicación del aumento impositivo por pregorrativa presidencial desencadenó en marzo un inédito conflicto del agro, con un lock-out de productores de cien días que afectó las exportaciones, así como el abasto de insumos y materias primas en Argentina.

En plena rebeldía fiscal, el agro sumó el respaldo de la oposición neoliberal, socialdemócrata y hasta de fuerzas de izquierda, y tuvo el apoyo de descontentos sectores medios urbanos, lo que enrareció el clima político y llevó al gobierno a buscar una ratificación parlamentaria de su medida.

Durante el lock out de cien días, los productores suspendieron la comercialización de granos para exportación en un país que es uno de los principales productores de alimentos del mundo y bloquearon decenas de rutas afectando el abasto de materia primas e insumos en el mercado interno.

Argentina es líder mundial en exportaciones de harinas y aceites de soja, tercero por sus ventas externas de granos de la leguminosa, cuya cosecha actual está valuada en 24.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno aspira a recaudar 11.000 millones a través de impuestos.

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