BUENOS AIRES (AP) - Mientras la Cámara de Diputados se aprestaba a debatir el viernes un polémico proyecto de ley sobre un resistido sistema de gravámenes a la exportación de granos, los agricultores mantenían su firme decisión de rechazarlo.

Durante el largo conflicto del gobierno con los productores agrícolas, ha sido notable la caída de la popularidad de la presidenta Cristina Fernández.

El proyecto del Ejecutivo, que busca la ratificación del nuevo esquema de retenciones (gravámenes), fue enviado por Fernández al Congreso hace dos semanas en un intento por destrabar el prolongado conflicto que incluyó cuatros huelgas agropecuarias que causaron desabastecimiento de alimentos y derivó en protestas callejeras y "cacerolazos" contra el gobierno en varias ciudades del país.

Pero las principales organizaciones rurales advirtieron que en caso de que se sancione el proyecto propuesto por el gobierno, volverán a las protestas.

"Si la resolución (del gobierno que fijó las nuevas retenciones) se convierte en ley, habrá malestar. La disconformidad es muy grande, el daño es muy fuerte y si se aprueba la resolución demostrará que nada ha cambiado", dijo el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcati, a una radioemisora local.

"No es posible que si en el Congreso las cosas no salen como quiere el campo, está todo mal... El campo sólo está de acuerdo si se hace lo que el campo pide", fue la respuesta del jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

El jueves por la noche, el oficialismo consiguió que las Comisiones de Agricultura y de Presupuesto aprobaran un proyecto que ratifica las retenciones pero incluye recompensas para los pequeños y medianos productores.

"Si el oficialismo impone la resolución, por más que se le haya puesto cosmética, mantiene la esencia del problema y del conflicto", dijo a periodistas el titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Buzzi.

La policía mantenía custodiado el edificio del Congreso, en el centro de la ciudad, a la espera de una marcha de las entidades agropecuarias que podría cruzarse con otra organizada por agrupaciones políticas aliadas al gobierno.

El Ejecutivo espera que la cámara baja --con mayoría oficialista-- apruebe el proyecto, que luego deberá ser ratificado por el Senado para convertirse en ley.

Pero el Partido Justicialista (peronista) --liderado por el ex presidente y esposo de la mandataria, Néstor Kirchner-- y el Frente para la Victoria, una concertación de partidos impulsada por el "kirchnerismo", habría sufrido la deserción de varios legisladores que desaprueban el proyecto por disidencias internas o ante la presión de los productores rurales de sus respectivas provincias.

El nuevo sistema de retenciones dispuesto en marzo ata el impuesto al precio de los granos en el mercado internacional.

A precios corrientes, el cambio en los gravámenes implica un alza de más del 10% en el impuesto a la venta al exterior de soja, de la que Argentina es el tercer productor mundial.

El nuevo esquema impositivo se mantendrá vigente hasta que se pronuncien los legisladores.

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