BUENOS AIRES (AP) - Luego de una maratónica sesión, la Cámara de Diputados aprobó el sábado un proyecto de ley oficialista sobre un resistido sistema de gravámenes a la exportación de granos, que generó un prolongado conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario que incluyó cuatro huelgas que paralizaron el país.

Tras casi 18 horas de debate, que fue televisado en directo por varios canales, el proyecto fue aprobado por 129 votos a favor y 122 en contra. El oficialismo necesitaba 125 votos para obtener la media sanción del proyecto de ley, que ahora deberá aguardar la aprobación del Senado. Se espera que la Cámara Alta debata el proyecto la próxima semana.

El nuevo esquema de retenciones (gravámenes) dispuesto por el Ejecutivo el 11 de marzo, ata el impuesto a la cotización de los granos en el mercado internacional. A precios corrientes, las nuevas retenciones implican un alza de más del 10% en la tasa a la venta al exterior de soja, de la que Argentina es el tercer productor mundial.

Hace dos semanas, la presidenta Cristina Fernández había enviado el proyecto al Congreso en un intento por destrabar el conflicto, que derivó en protestas callejeras y "cacerolazos" y provocó un fuerte descenso en su popularidad. La maniobra fue considerada por los críticos del gobierno como un maquiavélico acto de simulación, ya que el oficialismo posee mayoría en ambas cámaras.

El viernes, el oficialismo aceptó introducir algunas cláusulas complementarias al proyecto original, ampliando las compensaciones a los pequeños productores rurales y simplificando el cobro de esos reintegros.

Pero las principales organizaciones rurales advirtieron que los cambios no son más que maquillaje.

"Sigue siendo confiscatorio porque no va a fondo con los pequeños productores", aseguró a periodistas Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), que representa a los pequeños y medianos productores.

"Estamos jugando el primer tiempo; el segundo tiempo se va a jugar en el Senado y a lo mejor hay que ir a los penales, que puede ser la Corte Suprema", agregó haciendo un símil con un partido de fútbol.

El 10 de junio, la Corte Suprema de Justicia se declaró competente en una demanda de inconstitucionalidad contra las retenciones y otros impuestos federales promovida por la provincia de San Luis. Su gobernador, Alberto Rodríguez Saá, es un peronista de derecha muy crítico de la presidenta Fernández, y de su esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner.

Sin embargo, el fallo del máximo tribunal podría demorarse hasta un año.

Buzzi advirtió que los productores se mantendrán en estado de alerta y movilización pero descartó nuevas protestas al argumentar que "sería inconveniente pensar en cortes de rutas porque hay que ser respetuosos del Congreso, que es el que está dirimiendo el problema, aunque sea en el corto plazo".

Pese al resultado favorable al gobierno, el debate de las retenciones reveló una crisis interna en el Partido Justicialista (peronista) --liderado por Kirchner-- y el Frente para la Victoria, una concertación de partidos impulsada por el "kirchnerismo".

Varios de sus congresistas se expresaron abiertamente en contra del proyecto, mostrando las primeras fisuras un frente que hasta ahora parecía monolítico.

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