BUENOS AIRES (Reuters) - El conflicto entre el Gobierno argentino y el campo, en huelga desde hace 10 días contra un cambio impositivo, continuaba el sábado en medio de crecientes reclamos al sector para que levante la protesta y retome las negociaciones con las autoridades.

Los dirigentes del campo enviaron el jueves una carta a la presidenta Cristina Fernández pidiendo una audiencia para retomar las negociaciones, pero desde el Gobierno respondieron que no sentarán a discutir si antes no se levanta la protesta, previsto al menos hasta el miércoles.

El conflicto comenzó en marzo cuando el Gobierno modificó un sistema de impuestos a las exportaciones que implicó un alza de los tributos para la soja y el girasol, e inició una protesta de tres semanas que generó desabastecimiento de bienes esenciales a la población en las grandes ciudades.

Tras una tregua de un mes en el que las negociaciones fracasaron, el campo anunció el 8 de mayo una huelga de una semana, que prorrogó el jueves pese a que el día anterior la presidenta Fernández había realizado un discurso conciliador, invocando a resolver los conflictos mediante el diálogo.

Los agricultores continuaban el sábado a los costados de las rutas, con asambleas, manifestaciones y tractorazos en todo el país, mientras insistían en la necesidad de un llamado de la presidenta para retomar las negociaciones y una agenda pública que incluya la revisión de los tributos a las exportaciones.

"Estamos esperando que la presidenta convoque con soluciones," dijo a una radio Alfredo De Angeli, dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA) de la provincia de Entre Ríos, que se transformó desde marzo en uno de los principales protagonistas del conflicto.

Desde el Gobierno reiteran la necesidad de que se levante la protesta para negociar.

"El llamado que hizo la señora presidenta (...) era un espacio importante para buscar avanzar en un acuerdo que todos queremos lograr," dijo a radio Mitre el secretario de Agricultura Javier De Urquiza.

"Creo que no se está tan lejos de la solución," agregó el funcionario, quien manifestó su sorpresa por la decisión del campo de continuar con la protesta.

SOLICITADA

En un remitido en diarios del país, las principales entidades empresariales llamaron al Gobierno y al campo a retomar las negociaciones.

"Lo único que no se puede convalidad es esta situación de parálisis e incomunicación que induce a la crispación social y lleva a un callejón sin salida," dijeron las entidades.

"El país ya no puede esperar. Es demasiado el daño que se le está ocasionando," agregaron en un texto firmado por la Asociación de Banco Privados (Adeba), la Cámara de Comercio, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Construcción y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Gobernadores de las mayores provincias agrícolas también instaron al campo a dar por finalizada la protesta y retomar las negociaciones con el Gobierno.

"A esta altura del partido, con la fatiga y el cansancio social, y que se está tirando demasiado de la cuerda, digo que rápidamente pidan, soliciten levantando el paro, volver a la mesa de negociaciones ya," dijo el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli.

Organizaciones sociales aliadas al oficialismo aplazaron el sábado hasta el martes las manifestaciones previstas en defensa del Gobierno, lo que evitaría que se repitan situaciones de violencia como las de marzo, cuando marcharon a los mismos lugares donde se protestaba contra el Gobierno.

"No vamos a ser nosotros los que por estas horas aportemos irracionalidad," dijo el dirigente oficialista Luis D'Elía, durante una asamblea de organizaciones populares.

"Los convocamos nuevamente al diálogo, a la distensión," agregó el ex funcionario.

La prolongada protesta afectó a la economía y al sistema financiero, con retiro de depósitos de bancos, caída de los títulos públicos y una mayor demanda de divisas de la población que obligó al Banco Central a vender cientos de millones de dólares para evitar una depreciación de la moneda.

También generó volatilidad en los mercados internacionales de futuros de granos, al reducirse la comercialización de bienes primarios por la huelga en uno de los mayores proveedores del mundo.

Un sondeo de la consultora Ricardo Rouvier y Asociados reveló que el 40 por ciento de la población cree que ninguna de las partes está interesada en alcanzar un acuerdo.

Un 24,4 por ciento cree que es el Gobierno el que no quiere avanzar en un acuerdo, mientras que un 27,7 por ciento considera que son las organizaciones ruralistas las que más se oponen a resolver la situación.

(Reporte de Lucas Bergman, Editado por Marion Giraldo)

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